Entrevista Exclusiva

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Dr. Heriberto Araúz Sánchez

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral

¿Cuál es el propósito de la institución representada con relación al fraude y la corrupción?

 

Nuestra Constitución Política, describe claramente las funciones del Tribunal Electoral, que además se encuentran debidamente desarrolladas y reglamentadas en el Código Electoral y los decretos correspondientes, sin embargo, la tarea no se agota en el cumplimento de estas, además, se requiere que su ejecución se ajuste a las normas de transparencia que debe imperar en la gestión pública.

 

En ese sentido, se adoptó en el año 2012 el Código de Ética de la institución y se ha actualizado el Reglamento Interno, a tono con las más recientes normativas reguladoras de la transparencia en la gestión pública, estableciendo los principios que deben regir el comportamiento de los colaboradores, el marco de conducta en el ejercicio de sus funciones, sus derechos y obligaciones, la tipificación de conductas que constituyen faltas y las correspondientes sanciones ante estas. Se implementó la Dirección de Integridad Institucional como ente investigador de los hechos que se atribuyan a funcionarios, y ante el cual estos puedan presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa.

 

Además, se gestiona constantemente la actualización y divulgación en nuestra página web, de la información de acceso público, conforme la Ley de Transparencia. 

¿Cuál considera los mayores retos de la actualidad y del futuro próximo con relación al fraude y la corrupción en Panamá y podría describir algunos logros alcanzados?

Probablemente uno de los mayores retos que afrontamos ante estos fenómenos sea lograr un cambio en la percepción que internacionalmente se tiene del país. Si bien es cierto, desde que Panamá aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante Ley 15 de 10 de mayo de 2005, se han generado otras normativas con la finalidad fortalecer las medidas para combatir la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública, incluso se elevó a rango constitucional el mecanismo para acceder a la información de carácter público (Habeas Data), y más recientemente se aprobó la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos, Panamá se sitúa en una elevada posición dentro del ranking internacional de corrupción, a la vez que decrece internamente la confianza de los ciudadanos en las autoridades electas.

 

En ese sentido, no puedo dejar de mencionar, los esfuerzos que dirige el Tribunal Electoral, con intención de promover la rendición de cuentas por parte de los actores políticos, en el manejo del financiamiento público y privado, el establecimiento de topes y restricciones a través del proceso de reformas al Código Electoral, todos estos encaminados a erradicar prácticas clientelistas que auspician la corrupción, convencido de que solo a través de la gestión transparente de parte de quienes aspiran gobernar la nación, se lograrán los niveles de confianza que se traduzcan a su vez en votos.

¿Considera que la formación de examinadores en el manejo de fraude es importante?

Por supuesto, es sumamente importante la formación y actualización de los examinadores de fraude, con una visión preventiva más que correctiva, porque, al fin y al cabo, lo que se trata es de prevenir o evitar el fraude más que detectarlo y sancionarlo. 

 

¿Qué recomendaciones le pudiese ofrecer a estudiantes y profesionales interesados en la prevención, detección e investigación del fraude y la corrupción en ambos sectores (público y privado)?

La recomendación que haría, es que establezcan un protocolo o guía ante su superior jerárquico, sea del sector público o privado, para detectar malas prácticas en la organización que impliquen o puedan implicar actos de corrupción.

 

Además, recomendar medidas dirigidas a capacitar periódicamente a los colaboradores, para prevenir actos fraudulentos o de corrupción.